“101 días, una huelga, una derrota y…”, artículo de Francisco Torres

Quizás alguien, llevado por una ingenuidad digna de elogio, bien fuera en la derecha o en la izquierda hispana, pudiera haber pensado que la “huelga general”, en realidad huelga particular, tenía como objetivo único trasladar a la calle la teórica protesta social ante las medidas de ajuste-recorte adoptadas por el gobierno del Partido Popular. Interpretando de este modo los hechos, unos, se han afanado a la hora de exaltar la derrota sindical ya que el seguimiento de la jornada de protesta ha sido globalmente muy limitado y sólo un poco superior a lo que aconteció en la “huelga de mentirijillas” convocada en los infaustos tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero; otros, han procurado trucar las cifras para hablar de porcentajes de seguimiento superiores al 70%, que en realidad sólo se vieron en los sectores industriales y que prosperaron merced a la acción de los piquetes coercitivos, ya que éste debiera ser su verdadero nombre.

En los “mercados”, es decir, en ese conjunto de intereses invisibles que impone ajustes y reformas a los gobiernos, y especialmente al de don Mariano Rajoy, pese a las voces alarmistas del empresariado, feroz defensor de la reforma laboral y que pide a gritos más marcha al gobierno en este campo, que por boca de su presidente nos decía que una huelga repercutiría negativamente en la imagen de España (¿ignora el señor Rosell que en Francia llevan un rosario de huelgas sin que éstas hayan empañado su imagen o credibilidad?), la huelga general, con éxito o sin él, estaba amortizada de antemano. ¿Alguien podría pensar que una reforma que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores, que contribuye a la disminución de los salarios, a la inseguridad y al empobrecimiento no tendría una protesta airada en la calle, aunque en esta ocasión fuera una protesta realizada a través de esos organismos extraños en el Estado denominados sindicatos? Como, además, la huelga no ha paralizado el país, aunque sí algunos sectores industriales básicos, tal y como han dicho los mercados aparentemente no existe realmente una oposición social a las reformas capaz de pararlas. Es más, yo diría, que esta errónea tesis abona la posibilidad, tal y como se está viendo, de ampliarlas.

Convendría a los “mercados”, a los voluntariosos “señores de derechas” a los que cualquier protesta social provoca sarpullidos y erupciones, a los medios al servicio del gobierno que cantan, cual si fueran las gestas de Aquiles, las heroicas y acertadas decisiones de Mariano Rajoy en sus cien días de gobierno, y a tanto bobo metido a opinante orgánico que anda suelto (aquellos que según Gramschi cumplían el papel de legitimar las decisiones del poder), evitar realizar lecturas simplistas e interesadas de la realidad. El fracaso del 29-M como huelga general, como movilización social contra los ajustes-recortes del gobierno, no implica que no exista una amplia situación de descontento; al contrario, lo nos dice el 29-M es que los elementos de control de la frustración, de la indignación, que son los sindicatos y los partidos de izquierda no son aún, como ellos quisieran, los legítimos representantes de la protesta. No es que los españoles, al menos el 56% de los españoles, apoyen las reformas-ajustes-recortes, es simplemente que no otorgan a los sindicatos la legitimidad de la representación de la misma porque los consideran piezas del mismo sistema, sátrapas que tienen el mismo nivel de responsabilidad en la quiebra de España que la casta política. Probablemente, incluyendo el que suscribe, son muchísimos más los españoles que hubieran ido a la huelga de los que han ido. No lo han hecho sencillamente porque les repugna la manipulación, el mar de banderas rojas, la burocracia burguesa sindical, el ejército de liberados que vive a costa del erario público, la esquilmación del Estado realizada por unos sindicatos devenidos en ricopropietarios en muchas ciudades, el chanchullo y la subvención; porque, por múltiples circunstancias, no pueden permitirse el lujo de perder un día de trabajo; porque el gobierno, sus medios afines, sus opinantes y el inefable mariachi que les acompaña andan desde hace meses empeñados en evitar la identificación de la culpabilidad enfrentando a trabajadores con funcionarios, a funcionarios con funcionarios, a parados con parados, a autónomos con obreros; porque los mismos que se han convertido en los paganos de los caprichos de la casta, aquellos a los que se les está metiendo con total descaro la mano en el bolsillo, son aquellos que siguen creyendo que existe una Patria que no puede permitirse las pérdidas millonarias de un día de huelga.

Pero el 29-M no era en realidad una jornada de protesta contra la reforma-ajuste-recorte. Era la imagen que la izquierda quería dar de sí misma al filo de los cien días de gobierno de Mariano Rajoy, la del poder de la calle. Y no sería prudente ignorar que en toda España proliferaron importantes manifestaciones de izquierda en la tarde de la huelga general. Unas manifestaciones henchidas por lo acontecido en las elecciones andaluzas donde, como se alardea, en menos de tres meses han “parado a la derecha”, representada por ese epígono del señorito andaluz llamado Javier Arenas. Henchidas también porque las elecciones andaluzas han puesto sobre la mesa el rápido desgaste que está sufriendo el gobierno: en tres meses el PP ha perdido en Andalucía la friolera de medio millón de votos. Vociferantes, porque en la hoja de ruta de Pérez Rubalcaba está la posibilidad de que el desgaste del gobierno sea de tal magnitud que Mariano Rajoy no llegue a cumplir los dos años en la Moncloa y él está dispuesto a echar una o dos manos para ello. De ahí esas tímidas voces que hablan de un gobierno que, contando con el apoyo del PSOE, tenga como objetivo hacer frente a la crisis. Aunque otros planteen otro tipo de esperanza si llegado el momento Mariano es incapaz de hacer frente al increscendo de la calle con que amenaza una izquierda deseosa, para recuperar el poder, de ser la única usufructuaria del descontento social.

Se cierra el beneficio de los cien días. Unos, los amigos del gobierno, exaltan las decisiones de un valiente al que pedían más reformas-ajustes-recortes. Otros, cierran la centena con la protesta. Saldado, con aparatosa derrota, el tema andaluz, Mariano ha anunciado nuevos recortes confirmando la tesis de quienes afirmábamos que estaba esperando que se celebraran los comicios para que Javier Arenas pudiera ganar. Lo que, curiosamente, desde la óptica del gobierno, de los mercados y de los medios que le son afines, es la aplicación de la más estricta noción del partidismo anteponiendo la sed de poder a los intereses de España (¿no nos decían que las reformas no se podían atrasar?).

No tiene Mariano Rajoy poetas que le compongan coronas de sonetos en su honor, pero sí un florido ramillete de periodistas, tertulianos y comentaristas que han alabado como grandes hitos su Ley de Estabilidad Presupuestaria, su reforma laboral, la garantía del pago a proveedores, la Ley de Transparencia, la reforma financiera, la propuesta de emprendedores o el ignoto cambio en materia energética… son los mismos que se han apresurado a exaltar la intolerable amnistía fiscal para los dueños del dinero negro, que callan ante la necesaria persecución de la economía sumergida… Y sobre todo aplauden enfervorizados la respuesta de don Mariano a la exaltación izquierdista y a la derrota andaluza: el anunciado incremento del ignoto programa de reformas-ajustes-recortes.

No es suficiente el espacio de un artículo, que ya es excesivamente amplio, para ir desgranando las debilidades, y también las injusticias, de esas reformas-ajustes-recortes. Tiempo habrá. Ni de recordar al bueno de don Mariano la parte que tiene de la responsabilidad en la situación actual, porque él, que sí sabía que había crisis, no movió un dedo para que sus Comunidades Autónomas (Murcia o Valencia por ejemplo) acabaran con el dispendio. Ni tan siquiera para matizar la última trinchera de sus defensores afirmando que se ha propuesto, como gran heroicidad, no reducir ni las pensiones ni los sueldos de los funcionarios (aunque en realidad sí se ha producido esa reducción a la inversa). Ni de entrar en la querencia a los beneficios del titular que muestra el gobierno, como por ejemplo sucede con una Ley de Transparencia que se queda a medio camino y que en el fondo deja en manos de los políticos la aplicación de la misma, cuando lo que se tenía que hacer era simplemente aplicar los códigos vigentes.

No creo que ni una sola de las medidas aprobadas sirva para impulsar el crecimiento económico que necesitamos en porcentajes significativos, ni que contribuyan a la reactivación del consumo de forma determinante, ni que creen empleo… Mariano ha anunciado que este año perderemos otros seiscientos mil empleos. Estas medidas tienen otro objetivo, el de recaudar más y gastar menos para salvar más que a España a la propia clase política y al destructivo Estado de las Autonomías. Y lo más peligroso, lo que ya se detecta en estos cien días, es que pese a que los amigos políticos continúen diciéndonos que la inmensa mayoría de los españoles confía en la capacidad de gestión económica del gobierno, la indignación, la proletarización y el desasosiego acaben empujando a los españoles a los brazos de la izquierda. Lo he escrito en otras ocasiones: alguien debería recordar a Rajoy que el PP no ganó las elecciones, simplemente el PSOE perdió cuatro millones de votos. Lo que aparentemente puede ser igual pero no es lo mismo.

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Los fracasos convertidos en triunfos o las vividas para jóvenes en Murcia.

Confieso que me ha costado entender el triunfalismo de Verónica Lopez, coordinadora electoral del Partido Popular -lo que dada la situación política en Murcia debe llevarle poco trabajo-, y también directora del Instituto de la Juventud.
Doña Verónica salió a la palestra para presentar como un triunfo lo que no es más que la constatación del fracaso de las políticas de la vivienda en España, ya sean en versión gubernativa o autonómica. Nos sorprendió doña Verónica explicándonos que los jóvenes murcianos sólo, y recalco el sólo, tienen que dedicar el 59.5% de su salario a la adquisición de una vivienda. Contenta doña Verónica porque según parece la media en España es del 66.3%. Todo un éxito de su departamento.
No contenta con el éxito, cual si fuera digna concursante de Operación Triunfo, fue más allá comentando que el Instituto de la Jueventud, que ella dirige, mostrando su eficacia, en un semestre ha ayudado a 105 –¡sí a 105!– a encontrar una vivienda en alquiler a través de las Oficinas de Vivienda Joven que puso en marcha el gobierno regional.
Y cómo la señora es coordinadora electoral puso este éxito como ejemplo para que el gobierno de Rodríguez Zapatero tome nota de quienes están “haciendo los deberes”.
Probablemente la señora Verónica mida el éxito en función de su propio salario o de salarios que nada tienen que ver con la realidad de la inmensa mayoría de los jóvenes. Es lo malo de la estadística que divide por el número.
No sé si alguien se ha parado a reflexionar sobre lo dicho. Pongamos que el salario de muchos jóvenes llegara a los famosos mil euros de los mileuristas, lo que es mucho suponer, eso supone que unos seiscientos euros son para pagar el préstamo hipotecario. Le quedan unos cuatrocientos para pagar la luz, el agua, el teléfono… Hagan cuentas.
El problema de las estadísticas de la señora Verónica, flamante directora del Instituto de la Juventud, es que muchísimos jóvenes múrcianos no llegan a esos mil euros y el recibo hipotecario probablemente no esté en esa horquilla que va desde los cuatrocientos a los seiscientos euros.
Una política de acceso a la vivienda para jóvenes, señora Verónica, pasa por hacer posible la adquisición de casa a algo más de ochocientos euros el metro cuadrado, lo cual es perfectamente posible.

Francisco Torres García.