“101 días, una huelga, una derrota y…”, artículo de Francisco Torres

Quizás alguien, llevado por una ingenuidad digna de elogio, bien fuera en la derecha o en la izquierda hispana, pudiera haber pensado que la “huelga general”, en realidad huelga particular, tenía como objetivo único trasladar a la calle la teórica protesta social ante las medidas de ajuste-recorte adoptadas por el gobierno del Partido Popular. Interpretando de este modo los hechos, unos, se han afanado a la hora de exaltar la derrota sindical ya que el seguimiento de la jornada de protesta ha sido globalmente muy limitado y sólo un poco superior a lo que aconteció en la “huelga de mentirijillas” convocada en los infaustos tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero; otros, han procurado trucar las cifras para hablar de porcentajes de seguimiento superiores al 70%, que en realidad sólo se vieron en los sectores industriales y que prosperaron merced a la acción de los piquetes coercitivos, ya que éste debiera ser su verdadero nombre.

En los “mercados”, es decir, en ese conjunto de intereses invisibles que impone ajustes y reformas a los gobiernos, y especialmente al de don Mariano Rajoy, pese a las voces alarmistas del empresariado, feroz defensor de la reforma laboral y que pide a gritos más marcha al gobierno en este campo, que por boca de su presidente nos decía que una huelga repercutiría negativamente en la imagen de España (¿ignora el señor Rosell que en Francia llevan un rosario de huelgas sin que éstas hayan empañado su imagen o credibilidad?), la huelga general, con éxito o sin él, estaba amortizada de antemano. ¿Alguien podría pensar que una reforma que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores, que contribuye a la disminución de los salarios, a la inseguridad y al empobrecimiento no tendría una protesta airada en la calle, aunque en esta ocasión fuera una protesta realizada a través de esos organismos extraños en el Estado denominados sindicatos? Como, además, la huelga no ha paralizado el país, aunque sí algunos sectores industriales básicos, tal y como han dicho los mercados aparentemente no existe realmente una oposición social a las reformas capaz de pararlas. Es más, yo diría, que esta errónea tesis abona la posibilidad, tal y como se está viendo, de ampliarlas.

Convendría a los “mercados”, a los voluntariosos “señores de derechas” a los que cualquier protesta social provoca sarpullidos y erupciones, a los medios al servicio del gobierno que cantan, cual si fueran las gestas de Aquiles, las heroicas y acertadas decisiones de Mariano Rajoy en sus cien días de gobierno, y a tanto bobo metido a opinante orgánico que anda suelto (aquellos que según Gramschi cumplían el papel de legitimar las decisiones del poder), evitar realizar lecturas simplistas e interesadas de la realidad. El fracaso del 29-M como huelga general, como movilización social contra los ajustes-recortes del gobierno, no implica que no exista una amplia situación de descontento; al contrario, lo nos dice el 29-M es que los elementos de control de la frustración, de la indignación, que son los sindicatos y los partidos de izquierda no son aún, como ellos quisieran, los legítimos representantes de la protesta. No es que los españoles, al menos el 56% de los españoles, apoyen las reformas-ajustes-recortes, es simplemente que no otorgan a los sindicatos la legitimidad de la representación de la misma porque los consideran piezas del mismo sistema, sátrapas que tienen el mismo nivel de responsabilidad en la quiebra de España que la casta política. Probablemente, incluyendo el que suscribe, son muchísimos más los españoles que hubieran ido a la huelga de los que han ido. No lo han hecho sencillamente porque les repugna la manipulación, el mar de banderas rojas, la burocracia burguesa sindical, el ejército de liberados que vive a costa del erario público, la esquilmación del Estado realizada por unos sindicatos devenidos en ricopropietarios en muchas ciudades, el chanchullo y la subvención; porque, por múltiples circunstancias, no pueden permitirse el lujo de perder un día de trabajo; porque el gobierno, sus medios afines, sus opinantes y el inefable mariachi que les acompaña andan desde hace meses empeñados en evitar la identificación de la culpabilidad enfrentando a trabajadores con funcionarios, a funcionarios con funcionarios, a parados con parados, a autónomos con obreros; porque los mismos que se han convertido en los paganos de los caprichos de la casta, aquellos a los que se les está metiendo con total descaro la mano en el bolsillo, son aquellos que siguen creyendo que existe una Patria que no puede permitirse las pérdidas millonarias de un día de huelga.

Pero el 29-M no era en realidad una jornada de protesta contra la reforma-ajuste-recorte. Era la imagen que la izquierda quería dar de sí misma al filo de los cien días de gobierno de Mariano Rajoy, la del poder de la calle. Y no sería prudente ignorar que en toda España proliferaron importantes manifestaciones de izquierda en la tarde de la huelga general. Unas manifestaciones henchidas por lo acontecido en las elecciones andaluzas donde, como se alardea, en menos de tres meses han “parado a la derecha”, representada por ese epígono del señorito andaluz llamado Javier Arenas. Henchidas también porque las elecciones andaluzas han puesto sobre la mesa el rápido desgaste que está sufriendo el gobierno: en tres meses el PP ha perdido en Andalucía la friolera de medio millón de votos. Vociferantes, porque en la hoja de ruta de Pérez Rubalcaba está la posibilidad de que el desgaste del gobierno sea de tal magnitud que Mariano Rajoy no llegue a cumplir los dos años en la Moncloa y él está dispuesto a echar una o dos manos para ello. De ahí esas tímidas voces que hablan de un gobierno que, contando con el apoyo del PSOE, tenga como objetivo hacer frente a la crisis. Aunque otros planteen otro tipo de esperanza si llegado el momento Mariano es incapaz de hacer frente al increscendo de la calle con que amenaza una izquierda deseosa, para recuperar el poder, de ser la única usufructuaria del descontento social.

Se cierra el beneficio de los cien días. Unos, los amigos del gobierno, exaltan las decisiones de un valiente al que pedían más reformas-ajustes-recortes. Otros, cierran la centena con la protesta. Saldado, con aparatosa derrota, el tema andaluz, Mariano ha anunciado nuevos recortes confirmando la tesis de quienes afirmábamos que estaba esperando que se celebraran los comicios para que Javier Arenas pudiera ganar. Lo que, curiosamente, desde la óptica del gobierno, de los mercados y de los medios que le son afines, es la aplicación de la más estricta noción del partidismo anteponiendo la sed de poder a los intereses de España (¿no nos decían que las reformas no se podían atrasar?).

No tiene Mariano Rajoy poetas que le compongan coronas de sonetos en su honor, pero sí un florido ramillete de periodistas, tertulianos y comentaristas que han alabado como grandes hitos su Ley de Estabilidad Presupuestaria, su reforma laboral, la garantía del pago a proveedores, la Ley de Transparencia, la reforma financiera, la propuesta de emprendedores o el ignoto cambio en materia energética… son los mismos que se han apresurado a exaltar la intolerable amnistía fiscal para los dueños del dinero negro, que callan ante la necesaria persecución de la economía sumergida… Y sobre todo aplauden enfervorizados la respuesta de don Mariano a la exaltación izquierdista y a la derrota andaluza: el anunciado incremento del ignoto programa de reformas-ajustes-recortes.

No es suficiente el espacio de un artículo, que ya es excesivamente amplio, para ir desgranando las debilidades, y también las injusticias, de esas reformas-ajustes-recortes. Tiempo habrá. Ni de recordar al bueno de don Mariano la parte que tiene de la responsabilidad en la situación actual, porque él, que sí sabía que había crisis, no movió un dedo para que sus Comunidades Autónomas (Murcia o Valencia por ejemplo) acabaran con el dispendio. Ni tan siquiera para matizar la última trinchera de sus defensores afirmando que se ha propuesto, como gran heroicidad, no reducir ni las pensiones ni los sueldos de los funcionarios (aunque en realidad sí se ha producido esa reducción a la inversa). Ni de entrar en la querencia a los beneficios del titular que muestra el gobierno, como por ejemplo sucede con una Ley de Transparencia que se queda a medio camino y que en el fondo deja en manos de los políticos la aplicación de la misma, cuando lo que se tenía que hacer era simplemente aplicar los códigos vigentes.

No creo que ni una sola de las medidas aprobadas sirva para impulsar el crecimiento económico que necesitamos en porcentajes significativos, ni que contribuyan a la reactivación del consumo de forma determinante, ni que creen empleo… Mariano ha anunciado que este año perderemos otros seiscientos mil empleos. Estas medidas tienen otro objetivo, el de recaudar más y gastar menos para salvar más que a España a la propia clase política y al destructivo Estado de las Autonomías. Y lo más peligroso, lo que ya se detecta en estos cien días, es que pese a que los amigos políticos continúen diciéndonos que la inmensa mayoría de los españoles confía en la capacidad de gestión económica del gobierno, la indignación, la proletarización y el desasosiego acaben empujando a los españoles a los brazos de la izquierda. Lo he escrito en otras ocasiones: alguien debería recordar a Rajoy que el PP no ganó las elecciones, simplemente el PSOE perdió cuatro millones de votos. Lo que aparentemente puede ser igual pero no es lo mismo.

El camelo de la reforma laboral

Resulta cuanto menos sorprendente la panoplia de justificaciones que está exhibiendo el gobierno para vender como maravillosa, justa y necesaria una reforma laboral que ahora entra en el imprescindible trámite parlamentario. Recordemos: en primera instancia era la reforma necesaria que, por arte de magia, iba a crear empleo en cuanto se pusiera en marcha; después, el sacrificio preciso para salir de la crisis y conseguir que los que no tienen empleo pudieran trabajar aun cuando fuera en precario y, ahora la milagrosa fórmula que no sabemos por qué intrincado conjuro, dentro de un año, más o menos, creará empleo, porque según el gobierno anuncia a lo largo de este año se destruirán seiscientos mil puestos de trabajo y el número de parados, pese al más de medio millón de españoles y extranjeros que han abandonado el país, puede que se aproxime a los seis millones.

Así pues estamos ante una “necesaria” reforma laboral que, según dicen, restará protección a los que tienen trabajo para preocuparse por los que no lo tienen y cuyos efectos positivos no se notarán hasta dentro de nueve o diez meses. Una reforma que, se pinte como se pinte, se disimule como se disimule, contribuirá a la proletarización de las clases medias, la caída de los salarios y la inestabilidad permanente en el empleo. Aderezada además con un recorte de derechos que dependerá en su extensión del grado de bondad y voluntarismo de las personas.

Como contraposición, como nivelador de la balanza, trata de contentarnos el actual titular de Economía con la afirmación de que esta reforma creará un millón de empleos. O sea, más o menos, los que van a desaparecer este año con la reforma en vigor. Lo que no dice el titular de Economía es que por fuerza el próximo año se creará empleo, con reforma o sin ella, porque la economía española habrá tocado fondo y, en buena lógica, cualquier pequeño crecimiento generará empleo, aunque ya veremos como será ese empleo. Por lo que dentro de un año, conformándose con esos pequeños crecimientos, podrá decir que su reforma ha sido “chanchipiruli”, aunque se tope en la calle con un torrente cada vez más amplio de indignados que ya poco tendrán que ver con la manipulación ultraizquierdista, pero del que la izquierda se va a beneficiar.

Dejemos claro que esta reforma laboral es, como la posible subida del IVA o la escalada del precio de los carburantes, una imposición de los mercados y de nuestro entorno. La situación del mercado laboral español, con su alta protección al trabajador, con un exceso de derechos y obligaciones contractuales, es una anomalía con respecto a otros países con la que se quería acabar. Los servidores del mercado, los que no tienen más referente que los vástagos del ultraliberalismo de las últimas décadas, creen a pies juntillas que el sistema de protección del trabajador es una barrera para el crecimiento económico, de ahí el consenso existente sobre la necesidad de la reforma que va desde los sectores más liberales de la socialdemocracia a todo el centro y derecha, incluyendo algunas facciones de lo que habitualmente se denomina extremaderecha.

Por el contrario, resulta curioso, mirando hacia atrás, que España llegara a situaciones de pleno empleo, aunque ciertamente en coyuntura distinta, teniendo un sistema de alta protección del trabajador y escasa flexibilidad del mercado laboral y que ahora se mantenga que esa política es la responsable de la altísima tasa de paro existente en España.

Dejemos claro que la reforma laboral no va a crear empleo en los términos que España necesita. Es la reforma para el reparto de la miseria y no para la creación de la riqueza. Es el parche de los que han aceptado que la economía española tenía que convivir con un paro estructural situado en cifras próximas a los dos millones de trabajadores y no hicieron nada para eliminarlo. Es la opción de los que no fueron capaces de abordar la necesaria reforma estructural de la economía española para que ésta ganara en productividad y competitividad, para que desarrollara un nuevo tejido industrial que hiciera a nuestra economía, como sucede en los países del norte, menos vulnerable a los caprichos interesados de unos mercados dominados por los grupos especulativos. Es la apuesta de los que dieron vida al gran espejismo de una riqueza ficticia basada en la especulación, el dinero fácil, la venta de los ahorros y el maná de los fondos que venían del extranjero. Por ello son tantos los que están dispuestos a aplaudirla, aunque me parece que son muchísimos más los que la vituperan porque ellos son los que van a sufrir sus consecuencias.

Ante las elecciones, por una vez, seamos sensatos. Artículo de Francisco Torres

Tengo la impresión de que este 20-N electoral se va a llevar demasiadas cosas por delante. No tengo vocación de futurólogo pero la lógica, salvo que se prefiera el universo mitológico y la fundamentación irracional, indica que, una vez más, en la reestructuración del espacio político español que hemos vivido, los grupos que, a efectos sólo de identificación, para los españoles se mueven a la derecha del Partido Popular, aunque busquen otros nichos electorales o sociales, se han quedado fuera y quizás, salvo intervención de la Providencia, para siempre. Esto no es algo nuevo, víctimas de sus propios errores, aunque a ello se superpusiera toda la presión ambiental o institucional que se quiera sumar, perdieron su oportunidad en 1976-1977 y la tiraron por la borda, cuando se había hecho lo más difícil, entre 1979 y 1982.

La reforma de la ley electoral, pactada entre PP y PSOE hace unos meses, que abre el camino hacia nuevas reformas y cuyo objetivo es preparar la transformación del denominado “bipartidismo imperfecto” que tenemos en bipartidismo efectivo, antes de que sea efectiva la multiplicación de las opciones con representación parlamentaria, dibuja un imposible escenario para esos grupos que, independientemente de su definición, el ciudadanos sitúa a la “derecha del Partido Popular”.

Quede claro que de no estar vigentes las barreras que la reforma establece para evitar la proliferación de listas electorales, reduciéndolas, a nivel nacional, sólo a aquellas que tienen representación parlamentaria, ninguno de esos grupos a la “derecha del PP” hubiera obtenido resultados mínimamente importantes, entre otras razones porque la mayor parte del electorado que buscan movilizar está encantado, desde hace décadas, con votar al PP. Pero con la normativa actual lo que se busca es erradicar la presencia real de estos grupos de la vida pública española.

Ante esta realidad poco valen las protestas o refugiarse, emulando a la zorra de la fábula, en un lastimero “ahí se quedan que están verdes”, o recurrir al universo mitológico, muy propio del irracionalismo, de la sublimación del gesto heroico. Se impone la sensatez.

Hasta ahora, para presentarse a unas elecciones bastaba con reunir los nombres suficientes para rellenar las listas, lanzar paracaidistas donde fuera necesario, desempolvar del cajón listados ajados y poco más. Ahora se necesita acompañar a la candidatura con firmas protocolarizadas. Un partido que quisiera presentarse en toda la geografía nacional necesitaría entre 50.000 y 70.000 firmas; un partido que quisiera presentarse en Madrid necesitaría 7000 firmas. Hasta ahora, a nivel nacional, concurrían entre 6 y 7 candidatura en casi toda España, lo que significa que necesitarían entre 300.000 y 500.000 firmas. Inviable cuando entre todas suman, suponiendo que se pudieran sumar, entre 60.000 y 70.000 votos. Más complejo es el caso de Madrid donde las candidaturas podrían llegar a la decena, demandando unas 70.000 firmas. Y todas, a nivel nacional o a nivel de Madrid, buscarán esas firmas en el mismo sector.

Lo que la lógica dice es que este tipo de candidaturas no estarán a nivel nacional en la cita electoral del próximo 20-N y las que lo consigan, si alguna lo logra, habrán tenido que realizar un esfuerzo enorme. Lo más probable es que nos encontremos con una proliferación de listas aisladas que aparezcan en las más diversas provincias en lo que podríamos denominar la aparente recuperación del moribundo antes de exhalar su postrer suspiro.

Ante esta situación a lo único que cabe recurrir es a la sensatez y pensar que estamos ante una línea divisoria que obliga a mirar hacia el futuro de otra manera. Sin embargo, mucho me temo que seguiremos mirando hacia atrás, hacia el irracionalismo, el universo mitológico y la inútil sublimación del ejemplo heroico.

La izquierda violenta, artículo de Francisto Torres

Lo acontecido en Murcia, con una salvaje agresión al Consejero de Cultura de la Comunidad, debería invitar a realizar una reflexión seria sobre algo que todos prefieren ocultar: la justificación que en muchos ambientes de los denominados progresistas tiene la violencia practicada por la izquierda.

Existe una izquierda violenta que no sólo se reduce a los grupos de izquierda radical. Violencia que se trata de enmascarar utilizando el calificativo de “ultra”, término que en el consensuado discurso político-mediático está vinculado a la denominada “extrema derecha”. La izquierda violenta tiene su principal exponente en las actuaciones de los sindicatos y en determinados actos públicos. Manifestaciones de esa izquierda violenta son los denominados piquetes informativos cuya actividad, y tenemos ejemplos recientes de ello, es amedrentar y recortar la libertad de las personas, destrozar alguna que otra luna, romper algún que otro vehículo, poner silicona… o que, simplemente, lanza huevos y pintura. Violencia que es vista con simpatía, aplaudida y exculpada. Violencia que nunca tiene un coste penal y económico.

Existe, vinculada al discurso de la izquierda, alentada por el discurso radical y guerracivilista de Rodríguez Zapatero, pero también de toda la izquierda, que tiene como objetivo demonizar al contrario, otra violencia más extrema que tiene sus manifestaciones públicas tras cada manifestación o acción convocada por la izquierda. Son los que queman contenedores, destrozan el mobiliario público o asaltan tiendas. Violencia que, al final, también es perdonada. Unos practican el discurso y otros se convierten en la expresión violenta del mismo.

Existe una violencia genérica, practicada de forma continuada por la izquierda, aplaudida o vista de forma simpática por los partidos y los medios de comunicación de izquierda, aplaudida por la mentalidad progresista, que está vinculada a la llamada lucha contra la globalización. Es de libro ver cómo se le cae la baba a cualquier progresista cuando las mesnadas antiglobalización y antisistema campan por sus respetos. Nunca existe condena. En el fondo es lo que a ellos les gustaría hacer. Son los nuevos revolucionarios. Y existen amplias capas de propagandistas de esa forma proceder entre los jóvenes. Ni una sola condena se produce por parte de la progresía cuando las mesnadas antisistema se lanzan a la calle.

Esta prédica de la violencia, que nadie denuncia y que muchos practican, es el hálito que impulsa a estos nuevos radicales de izquierda a cometer sus tropelías. Algunos esperan ser sus usufructuarios políticos. Sin embargo, es preciso recordar que esto no es nada nuevo. Históricamente, para la izquierda, su violencia siempre está justificada y los violentos acaban siendo siempre exaltados como héroes revolucionarios.

PSOE y PP rebajan las pensiones: esta es la realidad

La manipulación de las noticias, según los intereses políticos del grupo mediático de referencia, se ha hecho patente en el tema de la reforma de las pensiones. El hecho incontrovertible es que el Partido Popular y el PSOE, junto con otros grupos, han acordado bajar las pensiones. De nada vale que algunos diputados populares afirmen, en esa táctica tan habitual en ellos de utilizar el lenguaje para negar la realidad, que su partido no pactará jamás nada que vaya en contra de los derechos adquiridos, pero el hecho real es que, a resultas del acuerdo tomado en el Pacto de Toledo, las pensiones bajarán por efecto de la ampliación del cómputo de años cotizados para calcular lo que un españolito acabará cobrando.
El segundo hecho incontrovertible es que en ese mismo acuerdo no se asegura cuál es la edad de jubilación, que es tanto como dejar abierta la puerta para la ampliación, voluntaria u obligatoria en un futuro más o menos inmediato, bajo la curiosa fórmula de que se tenderá a acercar el tiempo legal al real. Fórmula que les permitirá hacer realidad lo que España tiene acordado en la UE: ampliar la edad legal de jubilación (acuerdo que el PP no ha rechazado). Algo que, por tanto, tendrá que hacer el PSOE ahora o el PP después. Lo único que buscan PSOE y PP es que exista un ambiente propicio para ello o que sea el otro el que cargue con la cuenta de gastos. Así conseguirán una ampliación que los españoles, tras un tiempo de propaganda, acabarán aceptando por la necesidad imperante de conseguir que su pensión crezca en algo al reducir, trabajando más años, los efectos negativos resultantes de la ampliación de los años de cómputo. Que lo acepten sólo dependerá de la habilidad a la hora de extender esta tesis del estado de necesidad.
Aunque hoy exista una cierta dosis de crítica, centrada en el gobierno más que en el acuerdo tomado por consenso entre el PSOE y el PP, junto con otros grupos, la realidad es que durante meses llevamos oyendo a muchos contertulios y expertos económicos de toda tendencia, de derechas o de izquierdas, que el sistema de pensiones español es insostenible, que el sistema de pensiones conducirá a la quiebra de la Seguridad Social, que las pensiones futuras no están aseguradas, etcétera. Todos han propuesto como solución lo mismo: ampliar el cómputo de años para el cálculo y ampliar la edad de jubilación. Así de claro, aunque hoy los mismos medios que han dado cancha a esa tesis desaten las furias contra Zapatero. La realidad es que el PSOE lo plantea ahora por necesidad, contraviniendo sus planteamientos políticos, y el PP se refugia en las palabras y en el eufemismo para decir lo mismo, pero dejando que sea José Luis Rodríguez Zapatero quien cargue con el desgaste político que supone avalar tales medidas.
Desde hace tiempo, mucho antes de que se desatara una crisis que acabará justificando el recorte o el entierro del Estado del Bienestar y de muchos derechos sociales, he sostenido que existe en los medios financieros y de crédito un objetivo claro: poner fin al sistema de pensiones español para poder colocar unos productos que hoy, por efecto de esa crisis y de los riesgos asumidos por esos medios, distan de ser seguros y rentables. Desde hace tiempo está sobre la mesa un mercado de millones de ciudadanos que todavía no han entrado masivamente y de forma total en el sistema privado de pensiones. Un bocado muy apetitoso para un sistema financiero y de crédito deseoso de saciar su voracidad monetaria. En estos años el estado de alarma permanente que existe desde hace décadas sobre el futuro de las pensiones no ha sido capaz de movilizar a los ciudadanos para invertir de forma decisiva en esos productos bancarios. Ahora, con la reforma y los consejos indirectos a los ciudadanos para que corran a firmar un plan privado de pensiones, a buen seguro que en más de una dirección se están frotando las manos.
Dejando a un lado esta hipótesis la realidad es que tanto el PP como el PSOE son incapaces de plantear una alternativa a la de la reducción de las pensiones y la elevación de la edad de la jubilación. Ambos prefieren que sean los ciudadanos los que se recorten, sufran la elevación de la presión fiscal en vez de plantearse abiertamente poner fin al gran agujero negro de la economía española: el Estado de las Autonomías. Frente a ese agujero el ahorro en el sistema de pensiones es una nadería. Pero para eso hace falta un valor político del que carecen.
Al mismo tiempo son muchos los ciudadanos que se indignan ante las autopensiones blindadas de la casta política, que se indignan ante las decenas de miles de prejubilaciones a costa de sus cuotas (curiosamente mientras se anuncia el acuerdo para el recorte se da a conocer que la reestructuración de las Cajas supondrá la prejubilación de 11.000 trabajadores a costa de las arcas públicas), que se indignan ante el despilfarro permanente del gobierno (800.000 de euros concedidos a Marruecos el mismo día en que se anuncia el acuerdo de los partidos para reducir las pensiones). Unos españoles indignados pero que no se dan cuenta de que aquí existen dos varas distintas de medir.

*Portavoz de Alternativa Española (AES).

¿Valcárcel quiere lavar su conciencia?

Ramón Luis Valcárcel es el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, uno de los bastiones electorales del Partido Popular. Entre sus méritos figura el haber hundido al otrora poderoso PSOE regional. El presidente de la CARM ha conseguido, además, quitar a los socialistas, merced a una estrategia consistente en poner una vela a Dios y otra al diablo, muchas de las marcas del progresismo.

Ramón Luis Valcárcel ha logrado también que Murcia sea una de las Comunidades Autónomas con mayor número de abortos. Ramón Luis Valcárcel ha respetado la objeción de conciencia, pero en su Comunidad han florecido los negocios abortistas con los que su gobierno firma convenios. En la Murcia conservadora de Valcárcel se aborta y se aborta mucho. Sin embargo nadie ha conseguido que se haga público cómo actúa la Consejería de Sanidad en esta materia y quién financia realmente los abortos que la Sanidad pública no hace.

Ramón Luis Valcárcel ha conseguido la fidelidad del sector más derechista del PP murciano; también ha logrado el apoyo de la Iglesia y de los dos grandes pesos pesados en la región: el Opus Dei y el Camino Neocatecumenal. En la región los poderes fácticos religiosos y la derecha religiosa miran para otro lado cuando cada año se publican las estadísticas del aborto en España. Ni una fisura real se ha producido en el apoyo a Valcárcel. Incluso los grupos provida se debaten entren la realidad (una Comunidad Autónoma con un altísimo número de abortos gobernada con mayoría absoluta por el PP) y el subterfugio exculpatorio (es la ley de la izquierda). Pero esto no significa que en el entorno del presidente y en el de varios consejeros no exista una presión para que con algún gesto se pueda excusar, disimular o ocultar una realidad innegable: con el PP en el poder, con mayoría absolutísima desde hace más de dos décadas, con las competencias de Sanidad asumidas, en la región se aborta mucho y sin problemas.

A todos han sorprendido las declaraciones de Ramón Luis Valcárcel dando a entender que en la Región de Murcia no se aplicará la nueva ley del aborto hasta que no se produzca una resolución del Tribunal Constitucional. Es posible que Valcárcel se dejara llevar por el ambiente reinante en la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, por los comentarios de pasillo, y creyera que la voz baja se transformaría en postura oficial del partido. ¿Quiso forzar un cambio de estrategia? ¿Quiso, simplemente, lavar su conciencia? ¿Hizo las declaraciones pensando en el titular que al día siguiente exaltaría la prensa regional? ¿Quiso contentar así a esos sectores que le apoyan sin fisuras?

El hecho cierto es que el Partido Popular se ha apresurado a dejar sólo a Valcárcel y a recomendarle que ajuste sus declaraciones a la doctrina oficial del partido: la nueva ley del aborto se aplicará sin más. Mariano, Soraya, Cospedal y hasta Esperanza Aguirre han sido taxativos en ese sentido. En Murcia la Consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, amparándose en las declaraciones de su presidente, ha afirmado que la ley no se aplicará.

Políticamente Valcárcel, al que Mariano presionó para que se volviera a presentar como cabeza de lista a las próximas elecciones autonómicas para mantener el altísimo número de votos que se obtienen en Murcia, se ha colocado en una situación difícil: o mantiene sus palabras y se las ingenia para no aplicar la ley o rectifica y asume la doctrina oficial del partido.

Todo ello, sin embargo, no es más que un debate publicitario. Es dudoso que la aplicación de la nueva ley suponga que en Murcia se produzcan más abortos de los que ya se producen. Durante décadas Valcárcel no ha movido un dedo para poner coto al asesinato legal de miles de niños. Ahora se subleva ante la ley socialista. Para mí que a Valcárcel sólo le guía el cálculo electoral: contentar a la derecha religiosa y dar argumentos a quienes dentro de la Iglesia le apoyan. Quizás sólo pretenda lavar su conciencia.

Francisco Torres García, portavoz de Alternativa Española

La pornografía es cultura según el PP de Murcia

Con dinero de todos, en los autobuses públicos, se expone una imagen pornográfica para anunciar la bienal de cultura

El proyecto de arte contemporáneo organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de Murcia pretende “que el mundo entero mire el arte que se hace en la región”. Sin embargo lo único que se expone públicamente es pornografía.
Este año la bienal de arte contemporáneo PAC ha colocado durante un mes, en la línea 2 de los autobuses urbanos de Murcia, una imagen en la que la joven “artista” Carmen Molina Cantabella hace un montaje con el cuerpo de una modelo desnuda y el retrato que hizo Velázquez de Mariana de Austria, esposa del rey Felipe IV.
De este modo nadie, ni niños ni personas a las que repugna tal impudicia, queda a salvo de contemplar un desnudo explícito. La culpable de el trucaje de la foto llama a esta ofensa “que la gente se enfrente a la obra de una manera inesperada”.
El comisario de la muestra, Javier Cerezo, ha argumentado que vivimos un momento de globalización en que “todo es irreverente, irrespetuoso, cruel y comercial”. Lo curioso es que con estas palabras pretendía defender el cartel. El responsable último es el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. El edil popular reconoce que la imagen podría herir algunas sensibilidades, pero no la considera vulgar.